Nusantara. Así se llama la futura capital de Indonesia, hacia donde se trasladará el gobierno y parte de la población de Yakarta, que se está hundiendo. No se hunde como la romántica Venecia. Se hunde a toda velocidad, ahogada por el mar de agua salada que la va sepultando unos 25 cm por año, ayudado por los pozos que se utilizan para extraer agua potable de acuíferos poco profundos, lo que provoca que la tierra que se encuentra en la superficie se desmorone. La crisis del agua, más la crisis ambiental, han sentenciado a Yakarta, capital tóxica de un gigantesco archipiélago allá lejos, a 16.000 km de acá, al este de Asia, al norte de Australia y Nueva Zelanda, cerca de donde comienza el día en el mundo.
Faltan unos 25 años para que se complete totalmente el traslado de Yakarta a Nusantara, (con un costo de 28.000 millones de euros) y ya existe el temor de que, con el aumento del número de residentes en Borneo (donde se ubicará Nusantara), los bosques pluviales característicos de la región sufran un impacto negativo. También, que es una zona de riesgos de tsunami. Ahí la naturaleza es implacable.
Un asunto universal
Nusantara y Yakarta están lejos. Esta lidera el ránking de las cinco ciudades que se están hundiendo. Pero el problema del agua es cercano en cualquier parte del mundo. Miami, en EEUU, tan buscada por inversores argentinos (y tucumanos) y por miles de jóvenes que se van a tentar suerte de trabajo y de turismo por ahí, afronta el drama de las ciudades costeras que ven cómo el mar las está inundando. “Miami enfrenta serios retos frente al cambio climático: ¿un dique de contención evitará que la ciudad quede bajo el agua?”, se titula una nota de Infobae de junio pasado. Por el cambio climático, el mar sube 5 cm por año. La ciudad está llena de bombas de agua que constantemente extraen el líquido de sus sectores anegados. Bombas parecidas a las que se usan en Tucumán en los sótanos del Correo, del Banco Nación o en los túneles en las calles Córdoba y Mendoza, puesto que nosotros no hemos sabido gestionar las complicaciones de las altas napas freáticas. El agua hace renegar allá también: ¿qué significa que el mar entre a la ciudad? Entre otras cosas, que el agua salada contamina el agua potable. Alguien –el gobierno, claro- tiene que ocuparse de potabilizarla. En Yakarta ya han tirado la toalla. La ciudad se hunde. En Miami –señala la nota de Infobae- el gobierno federal va a invertir 200 millones de dólares para obras de contención para el futuro. A veces es la naturaleza implacable.
El agua de acá a la vuelta
¿Y por casa cómo andamos? Ahora que se acerca el Día Mundial del Agua –el 22 de marzo- la ONU dice que más de 2.200 millones de personas en el mundo viven sin acceso al agua potable. Y en Argentina, según el Ministerio de Obras Públicas, en 2019 el 88% de la población contaba con acceso a agua por red, y el 63% a cloacas. Al mismo tiempo, se desperdicia el 40% del agua por mala gestión de cañerías y canales. En barrios populares el acceso al agua es del 11,6% (la mayoría depende de un caño comunitario) y el 2,5%, a cloacas. Casi todos tienen pozos ciegos, letrinas o nada.
De los 2,6 millones de personas que viven en zonas rurales dispersas, el 11% recolecta agua superficial y el 18% utiliza pozos superficiales. ¿Qué calidad tiene el agua? Depende de las zonas, de los minerales que tenga el agua y de los sistemas para potabilizarla. Apenas sabemos que en el este tucumano, desde hace décadas, están buscando soluciones para brindarles agua como la gente a los vecinos, afectados por el arsénico en el líquido para beber. Como el este parece lejos, tiene poca gente y poca prensa. Hace pocos meses el arsénico volvió a la palestra y se reveló que el problema era igual que siempre. Más cerca están los vecinos de la Villa El Cadillal. Habría que preguntarles a ellos, que en estas semanas protestaron porque –entre otras cosas- no tienen acceso al agua potable. Viviendo a la par del embalse.
El gobernador interino, Osvaldo Jaldo, dijo en su mensaje en la Asamblea legislativa: “Hoy el 92% de los hogares tucumanos urbanos cuenta con acceso a la red de agua corriente y el 76% a la red de cloacas. Por ello, de los convenios firmados (con la Nación), casi el 70 % están destinados a agua potable, desagües cloacales y pluviales y plantas de tratamientos. Es un 70% de obras que ‘no se ven’, que están ‘debajo del asfalto’, como se dice. Pero son las que van directamente a mejorar las condiciones básicas de vida de nuestra población”. En el mensaje, que es muy general, no se tratan los problemas específicos que –vistos de modo singular- pueden deberse a falta de inversiones, incidencias de fenómenos naturales, el cambio climático o mala gestión de planificación o de ejecución de obras.
Dramas de temporada
Esos problemas específicos salen con cada circunstancia. Hace cinco meses –cuando era patente la sequía por falta de lluvias- hubo una crisis del agua potable en el interior provincial (y un conato de conflicto entre la Sociedad Aguas de Tucumán, SAT y la empresa distribuidora de energía, EDET) a causa de que por cortes de energía se habían apagado las bombas de los 460 pozos de agua potable. No se hablaba del agua para riego, que tiene escasa prensa, pero que les hace falta en cantidades industriales a los productores, que conocen bien cuán grave es el período de sequía que estamos atravesando tanto en invierno como en verano. Esa gravedad se vio en las notas periodísticas durante la ola de calor de enero, cuando se contaba de la emergencia de los vecinos de Las Talitas y de Los Gutiérrez, a los que les distribuyó líquido en camiones cisterna.
Pasada la ola de calor, se callaron las protestas. ¿Se resolvió el problema? Los camiones cisterna, por lo menos, se guardaron. Hubo menos exigencias.
Las aguas salvajes
Hoy los vecinos están sacudidos por las crecidas repentinas y violentas causadas por las tormentas. Las padecieron los habitantes del sur –Río Chico, Santa Ana, Alto el Puesto- y también hubo susto en Yerba Buena, que vio que, además de los dramas anuales en el sector que abarca el muy deteriorado canal Yerba Buena (que recorre el límite oeste del municipio) también tenía problemas la zona noroeste en la avenida Perón (que es el sitio por donde se prolongará el boom inmobiliario), además de los sustos constantes que genera el canal Caínzo en la zona noreste de la “ciudad jardín”. Hace dos semanas salió a luz pública, con las revelaciones del ingeniero Hugo Roger Paz, que el inexistente canal La Rinconada, proyectado hace 15 años como una obra contundente para aliviar las fuerzas líquidas de la naturaleza, ahora está prácticamente descartado porque su trayecto atraviesa barrios cerrados.
Nadie salió a decir qué se va a hacer al respecto. Apenas se reconoció que hay déficit en obras. La excusa es la falta de plata, sostenida además por la realidad fáctica de que acá, con variaciones, se repiten los mismos problemas. Un año se inunda una zona; otro, otra, y se van parchando las emergencias, a veces con salidas espectaculares, no necesariamente efectivas, como ocurrió en La Madrid hace cinco años; con mayor o menor intervención de ayudas extras de la Nación o de entidades supranacionales como el BID.
Por eso los anuncios del gobernador son generales y no ayudan a entender la complejidad del problema, que se expresa en cuestiones puntuales. La verdad es que, tras la “década ganada”, llena también de obras (sin demasiada planificación hacia el futuro), tenemos una SAT deficitaria que no sabe cómo explicar la crisis cloacal de calles inundadas de líquidos nauseabundos ni las deficiencias en la provisión de agua a sitios como Las Talitas, ni la disminución de presión en amplísimas zonas, desde el capitalino barrio El Bosque hasta las pedemontanas Yerba Buena o Tafí Viejo. Y escondido está aquello de lo que no se habla: la gigantesca pérdida de agua de riego por los canales destruidos en toda la provincia. Tan destruidos como el canal Sur o el canal Caínzo.
Abriendo el paraguas
Pocos son los que dicen que el agua debe gerenciarse con seriedad, tanto en la autorización para urbanizaciones y la construcción adecuada de pozos y redes de agua y cloacas como en la potabilización y en la gestión del agua de tormenta a través de canales y la del agua de riego. ¿Es importante? En Valencia aún sobrevive (ya con sentido turístico), después de 1.000 años, el Tribunal de Aguas que cada jueves distribuye los derechos de regadío y uso de agua. Aquí, el ingeniero Franklin Adler dice que las atomizadas oficinas dedicadas al agua –una veintena- deberían estar unificadas en una Autoridad Única del Agua que tenga poder para planificar y ejecutar y hasta para decidir si se deben construir o no diques. Pero acá no se tiene ese poder: no hay un Ministerio del Agua ni de Obras Públicas (apenas una secretaría) y las áreas de infraestructura –como señala el ingeniero Eduardo Martel, vicedecano de Ciencias Exactas- dependen de Economía, que en cuestiones de agua, cuando quiere cierra el grifo de los recursos o lo abre a cuentagotas. Por cierto que Tucumán no es Yakarta, tampoco Miami. Acá sobrevivimos como podemos, y abrimos el paraguas cada vez que llueve. Aunque nos inundemos.